MAY
08
2009
Qué hace la señora Cecilia Bácula directora del INC, desde que se inició este gobierno, sentadísima en su escritorio mientras grupos de huelguistas que se irrogan la capacidad de ser los únicos preparados para guiar a los turistas que visitan el Perú, toman monumentos históricos como el templo de Koricancha en Cuzco o el Cuarto del Rescate en Cajamarca, y bloquean la línea del tren a Machu Picchu, espantando a los turistas que pretenden guiar.
El deber de la señora Bácula es denunciar ante la Fiscalía Penal Provincial de cada ciudad donde ocurran estos desmanes, a los transgresores que atentan contra nuestros monumentos históricos y oficiar a las dependencias del INC en cada lugar vulnerado, para que les quiten, de por vida, las licencias para operar como guías turísticos a todos aquellos que osan utilizar un monumento histórico para extorsionar a las autoridades.
¿Cómo puede el Estado permitir que una persona que es capaz de tomar en rehén un monumento histórico, goce después de la responsabilidad de guiar turistas y de cuidar que esos visitantes no dañen los mismos monumentos que ellos utilizaron como trincheras para chantajear e impedir que otros peruanos puedan ejercer el trabajo y el privilegio de mostrar las grandezas de nuestro país?
Si la señora Bácula no tiene el temple y el coraje para defender la integridad física de la herencia cultural que nos pertenece a todos lo peruanos, que se vaya a su casa. El Perú necesita gente con valor y decisión al frente de sus instituciones.
Gracias a los Apus, el desalojo del Koricancha solo dañó una maceta, pero qué podría pasar más adelante, sobre todo si el gobierno no cede, como no debe ceder, a las presiones de los "guías turísticos" que no quieren que se permitan los guías comunales. Qué podría pasar si estos rabiosos "radicalizan sus medidas de lucha" ¿Acaso el semblante de santa medieval de la señora Bácula reemplazaría una valiosa pieza dañada o echada a perder para siempre jamás?
La ley está de parte de los peruanos. La directora del INC, a la que le pagamos todos los contribuyentes, tienen el deber de vigilar que se ejecute la ley y que se proteja de cualquier riesgo físico nuestra herencia cultural.